UNIVERSIDADES PÚBLICAS: SEGUNDA OPORTUNIDAD.

Por Antero Flores-Araoz

Como conocemos, la actual Ley Universitaria, con la finalidad de cautelar y mejorar la calidad universitaria, dispuso que todas las universidades estarían sujetas a licenciamiento por parte de SUNEDU, sean ellas públicas al igual que las privadas, estas últimas tanto asociativas como societarias.

En caso de ser denegado el licenciamiento o cancelado el que se hubiese otorgado, la universidad no licenciada tendría un plazo de dos años para su cierre.

Ahora bien, SUNEDU ha informado al Ministerio de Educación que hay diversas universidades del Estado (universidades públicas) que están en peligro de que les sea denegado su licenciamiento, sea por deficiencias en sus planes de adecuación sea por incumplimiento de ellos.

Ante la advertencia en cuestión, que es como “crónica de muerte anunciada”, el Ministerio de Educación ha asumido con buen talante el peligro y con “malabarismo” jurídico les ha otorgado una nueva oportunidad de licenciamiento a las universidades públicas al borde del abismo, mediante el Decreto Supremo N° 016-2019-MINEDU.

La segunda oportunidad a la que nos referimos, a favor de únicamente las universidades públicas no licenciadas, consiste en la ejecución de un “Plan de Emergencia” orientado a alcanzar las condiciones básicas de calidad y solicitar nuevamente su licenciamiento dentro de los dos años siguientes a la primera vez que les fue denegado. Lo bueno es que la nueva norma no deja librada a las universidades públicas a su suerte, sino que el Plan de Emergencia, para su ejecución, contará con una Comisión Técnica, integrada tanto por funcionarios del Sector Educación como de la misma Universidad, pudiendo recibir el apoyo de un Consejo Consultivo conformado por rectores, es decir los que realmente conocen la temática de la cual tratamos. Como observamos habrá un acompañamiento en el proceso de licenciamiento en ánimo de alcanzarlo, lo que tantas veces fue requerido a la SUNEDU ante sus oídos sordos.

Es bueno que por fin haya un plan B que permita una segunda oportunidad de licenciamiento para las universidades públicas, pero como eso no se puede garantizar, habrá hasta un plan C con la permisibilidad de la “reorganización”.

Es claro que se han allanado todos los obstáculos para el licenciamiento de las universidades públicas, seguramente bajo el pensamiento de que el Estado nunca pierde, pero sin embargo nos preguntamos ¿Y qué de las universidades privadas? ¿Por qué a las privadas no se les permite una nueva oportunidad? ¿Hay acaso ánimo discriminatorio?  No conocemos las respuestas, pero sí podemos sugerir que no haya doble racero y que se trate con igualdad de reglas también a las universidades privadas.

Si se cierran universidades públicas, siempre el Estado podrá utilizar sus edificios e infraestructura educativa en institutos, en escuelas, en otros diversos usos y hasta trasladar al personal que pudiese ser cesado a otras actividades y responsabilidades dentro del Sector Público.  En el caso de las universidades privadas, sus promotores, que apostaron por el país, probablemente lleguen hasta la situación de insolvencia y lo peor, los alumnos perjudicados. No es justo, las privadas también necesitan una segunda oportunidad.

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